La Ley de Presupuesto incorporó ajustes al régimen de arrendamientos que inciden directamente en el régimen general de plazos máximos, en los plazos aplicables a los arrendamientos con destino industrial y comercial, así como en el sistema de garantías previsto por la normativa vigente.

Estos cambios alteran parámetros que tradicionalmente se consideraban estables, impactando en la forma en que se estructuran y gestionan las relaciones contractuales entre arrendadores y arrendatarios.

En la práctica, las modificaciones pueden incidir tanto en contratos en curso como en nuevas contrataciones, especialmente en aquellos casos en los que se analizan extensiones de plazo, renovaciones contractuales o esquemas de garantía asociados al cumplimiento de las obligaciones.

El nuevo marco normativo vuelve relevante la revisión de contratos de arrendamiento vigentes y el análisis de las condiciones bajo las cuales se estructuran nuevas relaciones contractuales, a efectos de evaluar su adecuación al régimen actualmente aplicable.

Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuesto incorporan elementos que conviene tener presentes al analizar contratos de arrendamiento vigentes o al estructurar nuevas relaciones contractuales.
El equipo de RAP asesora habitualmente en el análisis jurídico de este tipo de situaciones.